Base Legal: Actuación de Consultoras, Asesores y Empresas Privadas

La actuación de las consultoras privadas, empresas de servicios, asesores y especialistas del sector público está respaldada por diversas leyes vigentes en Brasil, tales como:

• Constitución Federal (Art. 37) – establece los principios de la Administración Pública: legalidad, impersonalidad, moralidad, publicidad y eficiencia;

• Ley nº 14.133/2021 – Nueva Ley de Licitaciones Públicas y Contratos Administrativos – permite la contratación directa en diversos casos, la utilización de consultorías técnicas, manifestaciones de interés privado (PMI) y fomenta la competencia técnica y la innovación;

• Ley nº 8.666/1993 – Antigua Ley de Licitaciones – aún vigente en algunos contextos, permite la contratación de servicios técnicos especializados, tales como consultoría;

• Ley nº 13.303/2016 – Ley de Sociedades Públicas – regula la contratación por parte de empresas públicas y de economía mixta, con base en criterios técnicos y legales;

• Ley nº 11.079/2004 – Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) – prevé la participación de consultoras privadas en la modelación y estructuración de proyectos;

• Ley nº 10.520/2002 – Ley de Subastas Electrónicas – método común para la contratación de servicios y suministro de bienes por empresas privadas;

• Decreto nº 7.892/2013 – Sistema de Registro de Precios (Actas de Registro de Precios) – permite la adhesión posterior de otros organismos, aumentando las oportunidades para los proveedores;

• Marco Legal para Startups (Ley Complementaria No. 182/2021) – incentiva la contratación de startups por parte de organismos públicos a través de procesos simplificados;

• Ley Complementaria Nº 123/2006 – Estatuto de la Microempresa y de la Pequeña Empresa – garantiza un tratamiento diferenciado para las IME, ME y EPP en las licitaciones públicas;

• Decreto nº 8.538/2015 – regula la priorización de las PYMES en las contrataciones públicas;

• Ordenanzas Federales y Programas de Contratación Directa de IME – como el programa “Compras Públicas para Todos” y el proyecto piloto del gobierno federal para la contratación directa de IME, sin necesidad de licitación hasta el límite legal de R$ 54.000/año (art. 75, II, de la Ley nº 14.133/21).

Nuestro desempeño

• Basándose en estas directrices, la WSA actúa:

• Presentar soluciones viables a las autoridades públicas, con total claridad sobre los mecanismos legales de contratación;

• Orientar a las empresas interesadas en prestar servicios al sector público, pero que no cuentan con los conocimientos técnicos ni legales para incursionar en estos procesos;

• Apoyar a alcaldías, estados e instituciones públicas en el desarrollo y estructuración de proyectos como: recuperación de crédito, titularización de deuda activa, tarjetas de nómina, APPs en infraestructura y plantas de basura, entre otros.

Trabajamos con ética, legalidad e inteligencia estratégica, para que empresas más serias e innovadoras puedan trabajar en alianza con el sector público, promoviendo soluciones reales a los desafíos de la gestión pública contemporánea.